
Los catalanes serían extranjeros en la UE y volverían al pasaporte, perderían el derecho de libre circulación y de trabajar sin restricciones dentro de ella.
La ventaja del mercado único desaparecería. Cualquier firma radicada en Cataluña estaría sujeta a aranceles y dejaría de beneficiarse de los tratados comerciales de la UE.
Se producirían salidas de inversiones y de capitales por el efecto incertidumbre: la banca de la City de Londres amenaza con marcharse si el Reino Unido se separa de la UE.
Cataluña podría seguir utilizando el euro, como Kosovo o Mónaco, pero sin participar en la toma de decisiones, es decir, no tendría nada que decir sobre la política que regularía su moneda.
Los estudiantes catalanes no podrían optar al programa Erasmus. El territorio catalán tampoco optaría a los fondos estructurales y de cohesión.
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