Una forma de censura que acabará con el derecho ciudadano a obtener información veraz y pruebas de actuaciones policiales ilegales
La idea de estrechar el cerco contra la protesta social ha estado presente desde un primer momento en el Gobierno del PP, que ha acompañado cada movilización en su contra con un anuncio de restricción de libertades y de endurecimiento de sanciones.
Numerosos organismos de derechos humanos han detectado un aumento de los abusos policiales frente a las protestas contra las medidas anticrisis. La mayoría de ellos no solo no han merecido la apertura de un expediente sancionador, sino que han contado con el aval institucional.
Numerosos organismos de derechos humanos han detectado un aumento de los abusos policiales frente a las protestas contra las medidas anticrisis. La mayoría de ellos no solo no han merecido la apertura de un expediente sancionador, sino que han contado con el aval institucional.
El objetivo es el de reforzar la impunidad policial y el ajuste social con un nuevo ajuste penal administrativo, menos garantista, con el propósito de infundir miedo y convertir a la minoría que desafía al Gobierno en una mayoría amordazada y obediente.
Es posible que sus impulsores se salgan con la suya. Pero también podría ocurrir lo contrario. Al amenazar con multas desorbitadas a quienes han perdido trabajo y casa, a quienes se han visto condenados a una precariedad insoportable, el Gobierno juega con fuego.
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